El artículo que Hernando de Soto publicó el Domingo 26 de Agosto en el diario El Comercio y sobre el que adelanté algunos comentarios centrados en sus
ideas sobre la propiedad privada y el mercado o el capitalismo de hoy, con toda
razón se puede juzgar como incompleto si acaso no comento, a la vez, la forma
en que el citado economista califica el pensamiento y el papel que juega el
Presidente de la Región Cajamarca, Sr. Gregorio Santos, en el desarrollo del
movimiento social que ha paralizado el inicio de las operaciones del proyecto
minero Conga.[1]
Al respecto, lo que llama la atención en el “análisis político”
de Hernando de Soto es la nula importancia que le concede a los grupos de
interés o actores sociales que están detrás de los personajes que aparecen como
los rostros evidentes del conflicto. Así, centrando su interés en el Presidente
Regional, sostiene que “Santos no es solo un vocero de la izquierda radical, es
potencialmente un Gigante”.
Olvida que detrás de la figura de Santos están las rondas campesinas
cuyos pueblos o comunidades no han sido considerados como parte de quienes son
impactados directamente por el Proyecto y que, sin su fuerza organizativa y sus
reivindicaciones frente a Conga, el
Presidente de la Región Cajamarca, ex dirigente rondero, no hubiera podido
efectuar las movilizaciones que han paralizado las operaciones del citado nuevo
proyecto minero.
En otras palabras, no ha tomado en cuenta las fuerzas que sostienen ese
movimiento y las razones que los
motivan; desviando toda la atención a un solo dirigente y su particular
ideología, un “potencial gigante” y “campeón del nacionalismo” según Hernando
de Soto.
En su admiración por Santos, pasa por alto la importancia de la Iglesia
Católica en particular, la que conforme a su pensamiento social cristiano[2] se solidariza
con la cultura que representan los pueblos a los que pertenecen las rondas
campesinas en Cajamarca demandando, frente al avance de las industrias
extractivas, el respeto de sus culturas - su mayor riqueza-, del medio ambiente en que
viven y, en especial, de sus derechos
sociales, económicos y culturales.
Desde luego, la Iglesia Católica no representa el anticapitalismo,
mucho menos el comunismo, pero, fiel a su ideología cristiana, ante el progreso
de la globalización económica y poniendo por delante los derechos de los
pueblos indígenas, incluidos los culturalmente mestizos como en el caso de las
rondas campesinas de Cajamarca, no tienen reparo alguno en jugar un papel
activo a favor de estas enfrentándose a las fuerzas del “orden”.
Bajo estas consideraciones, el problema central en el conflicto de
Conga no es la ideología del Presidente Regional, sino más bien las
reivindicaciones que demandan las rondas campesinas que, bajo la óptica moral
de la Iglesia Católica, responderían a la necesidad de que el progreso o
crecimiento económico con el que aportan las actividades mineras no se haga con
prescindencia de los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales y
culturales de los pueblos culturalmente mestizos de Cajamarca.
Si como sostiene Beatriz Merino y la Defensoría del Pueblo, las rondas
campesinas, por ser similares a las comunidades campesinas, tienen el derecho a
la consulta previa, esto es al reconocimiento de sus derechos sociales y
culturales[3], el
problema no es la mentalidad del Sr. Santos sino la viabilidad de un proyecto minero
sin considerar sus impactos sobre los derechos sociales y culturales, cuestión
ajena a los mejores estándares de la responsabilidad social empresarial.
Si acaso, bajo la concepción liberal de Hernando de Soto, no pueden
verse los derechos fundamentales que defienden actores sociales como los
citados frente a lo que él llama la “vanguardia de la civilización” que llegó
con las “grandes industrias extractivas”; la alternativa que ofrece frente a la
ideología del “gigante” de la “izquierda
radical”, ciertamente no nos va a conducir a una época precapitalista que
rechaza, pero si a un pasado no muy lejano donde la forma de asegurar el
crecimiento económico o el desarrollo del mercado era por medio de la dictadura
o el autoritarismo.
[1] Esta
observación se la debo a mi ex alumna del Doctorado en Derecho de la
Universidad Peruana Los Andes, Dra. Ana Cecilia Prado Salazar.
[2] Véase al
respecto las conclusiones de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe realizada en Aparecida del 13 AL 31 de mayo de
2007.
[3] Cfr.
Defensoría del Pueblo.2006.”El Reconocimiento Estatal de las Rondas
Campesinas”. 2ª Edición. Lima.Consulta:10/09/12. http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2005/rondas_campesinas.pdf
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