Con el objeto de resolver los
conflictos socioambientales que, sobre todo, se dan en el sector minero, el Gobierno del Presidente Ollanta Humala ha
enviado al Congreso un proyecto de ley por el cual se crearía, como parte del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA en adelante), el
Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE.
Al respecto y más allá de las
dudas que despierta referido proyecto de ley[1], este
acto político revela que dentro del declarado pragmatismo del Presidente Humala
no hay intención alguna de cambiar la política que desde la década del 90 ha
subordinado los asuntos ambientales y sociales al interés por promover
principalmente las inversiones en las actividades extractivas.
Recuérdese que a partir del año
1992, en los Decretos Legislativos 708 y 757[2] (de promoción de la inversión minera y de la inversión
privada respectivamente) se derogan, entre otras disposiciones
importantes, la obligatoriedad de presentar estudios de impacto ambiental
conforme al Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, convirtiendo
esta avanzada del derecho ambiental en letra muerta.
A partir de esta situación, la
sectorización de los temas ambientales se encontraban subordinados a las
decisiones de los Ministerios que promovían la inversión privada, de modo tal
que el Ministerio de Energía y Minas, una de cuyas funciones era atraer la gran
inversión en su sector, consideraba los
temas ambientales y sociales obstáculos para cumplir sus objetivos.
Los principios del desarrollo
sostenible, presentes en la legislación ambiental, se convirtieron en retórica
sin fuerza jurídica ni política.
En este contexto, los estudios de
impacto ambiental, que en el caso del sector minero, se comienzan a regir desde
el año 1993 por el DS. 016-93-EM no tienen mayor exigencia que la de cumplir
con un listado o índice de contenidos, ajeno
totalmente a los principios del derecho ambiental, en ese entonces contenidos
en citado Código del Medio Ambiente (DL 613 de 1990).
Ahora bien, proponer una nueva
ley por la cual se pretende poner fin a la conflictividad, no puede hacerse
manteniendo una política que bajo la vieja maniobra de que “la ley se cumple,
pero no se acata”, se crea un organismo; el
Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), dentro del Sistema
Nacional del Impacto Ambiental (SEIA) que, habiendo
sido creado en el año 2001, hasta la fecha no se aplica.
Mantener reglas que no “entorpezcan”
la inversión privada o el crecimiento económico” obliga a usar esa mañosa forma
de usar la “legalidad” para impedir que una ley se aplique si antes no se
reglamenta y luego no se hacen las directivas correspondientes.
Una breve revisión de la historia
del origen, evolución y situación actual
de la ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, nos muestra
el destino que le espera a un proyecto de ley que en la práctica sería letra
muerta. Veamos:
1° En el año 2001, estando en
proceso los problemas socioambientales de Tambogrande, Yanacocha y Tintaya, la
Congresista Ana Cecilia Martínez del Solar presentó el proyecto de ley 773 para
la creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental a fin de
privilegiar la protección del medio ambiente frente a la promoción de la gran
inversión.
¿Cuál fue la suerte de este
proyecto?, dos veces rechazado por el Gobierno de Fujimori, fue finalmente
promulgada por el Congreso de la República en Abril del 2001 bajo la Presidencia
Provisional del Dr. Valentín Paniagua quien reemplazaba al renunciante o
destituido Presidente Alberto Fujimori.
2° Según la citada ley, esta
entraba en vigencia luego de aprobado el Reglamento consiguiente en un plazo no
mayor de 45 días. Pasó el Gobierno de Toledo, quien fiel a su planteamiento de “hacer un
gobierno fujimorista, sin Fujimori”, omitió promulgar el Reglamento que diera
plena vigencia al Sistema de Evaluación
del Impacto Ambiental.
3° Recién en el año 2009 el ex Presidente
Alan García, obligado por diversas circunstancias[3], crea el Ministerio del Ambiente (Mayo del
2008) y, luego el 25 de setiembre de 2009, promulga el Reglamento de la ley del
Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental pero, ¡oh SORPRESA!; el Reglamento
no fue suficiente, tenía que darse un plazo de 180 días para que los sectores
productivos, entre ellos energía y minas, donde se producen los mayores
conflictos, dicten las normas internas de adecuación.
Pues bien, el plazo previsto en
el Reglamento mencionado se venció el 24 de marzo de 2010, hace más de dos años
y; ni el Gobierno de Alan García ni el que hoy preside Ollanta Humala han
cumplido con la adecuación que permita poner en vigencia el SEIA dentro del que
funcionaría un nuevo organismos; el SENACE.
Dicho todo esto, lo único que
puede deducirse del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo es que,
bajo una vieja práctica “legalista” se trata de mantener la política que en
materia de inversión posterga o minimiza los derechos ambientales, incluidos
los derechos sociales y culturales, tal como desde la década del 90 se propuso
para no poner “trabas” a la “libre iniciativa privada”. Así no se va a resolver la conflictividad en
el sector minero y mucho menos se va a garantizar que la inversión sea
sostenible y socialmente “inclusiva”.
Ojalá me equivoque y el Presidente de la República, haciendo honor a
su juramento de gobernar con el espíritu de la Constitución de 1979, considere en sus decisiones lo que está
disponía en el suprimido Art. 123:
Todos tienen el derecho de
habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos
tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir
y controlar la contaminación ambiental.
Lima, Setiembre de 2012
[1] Véanse
los distintos puntos de vista expuestos por Marita Chapuis y José de Echave en
el debate propiciado por El Comercio en el Suplemento Portafolio de la edición
del 9 de setiembre del 2012, pág. 12
[2] En el tercer
Considerando del
DL 757, cuya finalidad era promover la inversión privada se fundamenta la
necesidad de “eliminar todas las trabas y distorsiones legales y
administrativas que entorpecen el desarrollo de las actividades económicas y
restringen la libre iniciativa privada, restando competitividad a las empresas
privadas, la que es esencial para una exitosa inserción en el mercado
internacional” .
[3] La
presión de los movimientos socioambientales que alcanzaron sus mayores picos de
desarrollo durante el período gubernamental de Alan García y las exigencias
del TLC con EEUU obligaron al Gobierno a
dar mayores pasos en la protección del medio ambiente.
