I La tragedia[1]
Hace
poco más de 5 años (Junio de 2009) en el contexto de una política de corte neoliberal impulsada por el Gobierno de Alan
García se produjo uno de los más graves conflictos que se conocen entre esa política y los derechos que tienen las comunidades
nativas de la selva según lo prescrito en la Constitución Política del Perú[2] y en el Convenio 169 Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, 1989.
El
conflicto fue suscitado por la negativa del Gobierno de ese entonces a reconocer
y aplicar, conforme a la demanda de las comunidades nativas y el Convenio antes
citado, el derecho a la consulta previa en las medidas legislativas y
administrativas que pudieran afectar sus intereses. Este fue el caso de un
grupo de Decretos Legislativos que, promulgados por el Poder Ejecutivo, no cumplieron con ese mandato.
EL
Congreso de la República, Defensoría del Pueblos y el Tribunal Constitucional
en diferentes momentos dieron la razón a las comunidades nativas en el sentido
que, en efecto, el Gobierno estaba en la obligación de aplicar el derecho a la
consulta previa ante cualquier medida que pudiera afectar sus derechos territoriales
y culturales. Es más, la Defensoría del Pueblo y el Congreso habían demostrado
la inconstitucionalidad de las medidas legislativas que el Gobierno había tomado
afectando los intereses de estos pueblos, razón por la cual se pronunciaron por
su derogatoria para evitar un conflicto de mayores proporciones.
A
pesar de ello, de las disposiciones a favor del diálogo y de la forma en que
escalaba y se radicalizaba el conflicto, el Gobierno de Alan García decidió llevar adelante un violento operativo
policial que produjo la muerte de 34 personas
y un desaparecido, entre ellos policías, nativos y pobladores de Bagua.
El
signo trágico de este conflicto fue que la violencia desatada por el Gobierno
no fue en defensa del Estado de Derecho o de los derechos humanos de las
comunidades nativas, sino para llevar adelante decisiones que,
autoritariamente, se trataban de imponer bajo el pretexto de promover la gran
inversión y un mayor crecimiento económico.
Así,
en este momento trágico de nuestra historia reciente, el proceso de
recuperación democrática que se inició en el año 2000 entró en grave crisis al
desconocerse y violentarse, desde el Gobierno Central, los derechos fundamentales
que la Constitución vigente y el Convenio 169 les reconoce a los miembros de las
comunidades nativas de la Amazonía y a otros pueblos que, especialmente en la
región andina son igualmente parte de la diversidad cultural del país.
II La Farsa
Hoy,
el Gobierno de Ollanta Humala quien, junto a su Partido, fue un aliado del
movimiento indígena amazónico incorporando sus reivindicaciones en su programa
de gobierno, parece estar dispuesto a repetir la historia trágica del “baguazo”
pero, con el añadido que su discurso democrático repudiando los sucesos de
Bagua y reclamando el respeto irrestricto de los derechos de las comunidades
amazónicas[3], serían parte de una farsa
que aún no termina.
En
efecto, a lo largo de estos tres últimos años el diálogo establecido entre el actual gobierno y
los pueblos nativos para resolver los
graves problemas socio-ambientales generados por la explotación petrolera que
lleva a cabo la empresa Pluspetrol en el Lote 1AB en la Región Loreto[4], hasta ahora no han sido
resueltos.
En
virtud de ello las demandas de las comunidades nativas ubicadas en las cuencas
de los ríos Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón (titulación de sus tierras,
remediación ambiental, con compensaciones e indemnizaciones) se mantienen
vigentes y se han reanimado a raíz del propósito gubernamental de hacer una
nueva licitación de la explotación de ese lote petrolero, o su prórroga, sin que cualquiera
de estas medidas pase por la consulta previa que ampara la legislación vigente[5].
Si
se tiene en cuenta, tal como se ha demostrado, el riesgo o la forma en que la
empresa Pluspetrol pone en peligro inminente - por lo niveles de contaminación
del agua- la biodiversidad de 4 cuencas y la sobrevivencia de comunidades
nativas de los grupos Achuar, Quechua y Urarina que viven en esos territorios[6] no cabe duda de que una
política favorable a la continuación de las actividades en esta zona es una afrenta
clara a los derechos fundamentales de las comunidades antes mencionadas y
constituye una acción inconstitucional del Gobierno.
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| Comprobación efectuada en el terreno por Congresistas de la República |
Bajo
estas circunstancias no cabe duda de la legitimidad de la demanda de las
comunidades nativas para que, antes que se licite una nueva concesión o prórroga
sobre la explotación del Lote Petrolero 1AB, se realice un proceso de consulta
previa conforme a lo dispuesto por el Convenio 169 pero, también hay fundadas
razones para pensar que el Gobierno, siguiendo el tratamiento que se dio a las
rondas y comunidades campesinas alrededor de los Proyectos Mineros de Conga y
de Cañariaco respectivamente, tras la farsa de su discurso a favor de los
derechos de los pueblos indígenas y del diálogo que ha establecido en estos tres
años con las comunidades, opte por repetir, en un nuevo escenario, los trágicos
sucesos de Bagua defendiendo la política neoliberal que ofreció transformar[7].
III El Gobierno Regional: tratando de evitar otro Baguazo
El
escenario probable, no deseable, según el cual el conflicto entre la política
del Gobierno Central en materia de explotación petrolera y los derechos que
demandas las comunidades afectadas podría dar lugar a sucesos como el de Bagua
no es concluyente. Felizmente hay hechos
que, a nivel regional, dan pie a pensar en un mejor escenario.
De
hecho, en estos días, a raíz de la visita de Ministros y funcionarios del
Gobierno presididos por el Ministro de Energía y Minas para dialogar respecto
de los planes y medidas que se pueden proponer para los problemas ambientales y
sociales que afectan las poblaciones que se encuentran en las cuencas de los
Ríos Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre; el nuevo Presidente de la Región,
Sr. Fernando Meléndez, ha manifestado clara y públicamente, que dentro de la
problemática que afecta a los Pueblos Indígenas de esa cuencas, entre ellas, la
pretensión de licitar una nueva concesión petrolera en el Lote 1AB, requiere
previamente de la consulta previa que demandan los pueblos nativos[8].
Esto,
cabe puntualizarlo, a contrapelo de las respuestas evasivas del Ministro de
Energía y Minas quien, respecto de la necesidad de aplicar el Derecho a la
Consulta Previa antes que se lleve a cabo una nueva licitación o prórroga del Lote petrolero que compromete
precisamente cualquier plan de desarrollo en las comunidades y pueblos
comprendidos en las mencionadas cuencas, sostuvo que era un tema que tenía que
consultar.
Si,
como ya ha ocurrido con el diario “La Región”, destacado medio de expresión de
Loreto, que ha expresado su respaldo a la demanda de un proceso de consulta
previa a favor de los pueblos indígenas afectados por el Lote petrolero en
cuestión[9], las diferentes
organizaciones ambientalistas y de derechos humanos y otras autoridades de Loreto se solidarizan con esta manifestación a favor de los pueblos afectados
por la explotación petrolera, otro podría ser el escenario.
En
efecto, si las gestiones y la iniciativa del Presidente Regional prosperan lográndose
un pronunciamiento más amplio de parte de entidades como el Ministerio Público,
el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, contando, además, con el apoyo de
las organizaciones de la sociedad civil, bien podría persuadirse al Gobierno de
llegar a un acuerdo en el cual –incluyendo el derecho a la consulta previa y la
cooperación de las comunidades nativas- se establezcan como acciones inmediatas
las siguientes:
a) La
instalación de un equipo altamente calificado para iniciar, con los métodos más
apropiados y dentro del corto plazo, las labores de descontaminación de las
cuencas comprometidas por las actividades del Lote 1AB.
b) Elaborar
y aprobar un Plan de Consulta a ser dirigido por autoridades que puedan actuar
con independencia y, a su vez, designar por las partes –gobierno y comunidades
nativas- a personas que obrando de buena fe, esto es dentro del Estado de
Derecho, tengan capacidad para tomar decisiones.
c) Formular
un proyecto piloto, técnica y culturalmente viable, que posibilite el
desarrollo de la industria petrolera y del mismo modo la protección y promoción
de los derechos, entre otros, a la
educación y la salud y al desarrollo de los pueblos amazónicos impulsando, en forma equivalente al esfuerzo que se pone en las industrias extractivas, las
actividades que, como la agricultura, la pesca y otras que son parte del saber
popular, identifican a las comunidades nativas de la selva.
El
hecho que todas las demandas de las comunidades nativas se den en el marco de Estado del
Derecho, a pesar de que se ven obligados a tomar medidas de fuerza como la
interrupción de las vías fluviales y, que buena parte de ellas se resuman en la
necesidad de un diálogo que, dentro del Derecho a la Consulta, permita llegar a
acuerdos sobre el conflicto existente, incluida la explotación petrolera, abre la posibilidad de un escenario que en forma razonable evite un nuevo Baguazo.
[1]
Los conceptos de tragedia y farsa que aparecen en este artículo se dan en el
sentido que Marx les otorga a los sucesos y protagonistas que se repiten en la
historia a propósito del “18 de Brumario de Luis Bonaparte”
[2]
El Art. 2 de la Constitución, sobre los derechos fundamentales, establece en el
inciso 19° que toda persona tiene derecho “a su identidad étnica y cultural. El
Estado reconoce y protege (el subrayado es mío) la pluralidad social y
cultural de la Nación.” Asimismo, en el inciso
22° sostiene que toda persona tiene derecho a “la paz, la tranquilidad […], así
como a gozar de ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.”
[3]
GANA PERU-Comisión de Plan de Gobierno.
2010. “La Gran Transformación – Plan de Gobierno 2011-2016”. Lima. Véase
Cap. VII, ítem 7.3.4 sobre políticas para la inclusión de los pueblos
indígenas. Consulta: 21/01/15. http://www.presidencia.gob.pe/plan-de-gobierno-gana-peru-2011-2016
[4]
Este diálogo se encuentra formalizado por la Resolución Suprema 119-2014-PCM de
fecha 31 de Marzo de 2014 por la cual se conforma la Comisión Multisectorial de
carácter Temporal denominada “Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre,
Corrientes y Marañón, del Departamento de Loreto”. Esta Comisión tiene sus
antecedentes en la Resolución Suprema N° 200-2012 PCM con la que se inició este
trabajo y R.S. 202-2013-PCM que prorrogó las funciones del mencionado organismo
temporal hasta Julio del 2014.
[5]
No sería extraño que venciéndose en agosto próximo la concesión de Pluspetrol
sobre el Lote 1AB, tal como ya ha ocurrido con lotes petroleros de Talara, se
pase por alto la licitación y se les dé una prórroga para seguir “explotando”, con
las consecuencias que se conocen, los yacimientos petroleros de esa parte de
Loreto.
[6]
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - COMISIÓNDE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y
AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA. “Grupo
de Trabajo sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los Ríos Tigre,
Pastaza, Corrientes y Marañón. Informe final”. Julio 2012.
[7]
Cabe advertir que mientras terminaba este artículo, noticias de la prensa local
(La Región, ediciones de los días 21 y 26 de Enero) daban cuenta de que un
grupo de comunidades del Río Tigre, en protesta contra Pluspetrol retenían unas
embarcaciones de la referida empresa interrumpiendo el tránsito fluvial. A
estos actos se han unido otras comunidades y demandan el apoyo de las
federaciones indígenas de las cuatro cuencas para el Paro Indefinido que han
declarado en la zona. .
[8]
Cfr. LA REGIÓN-Diario del Distrito Judicial de Loreto. Edición del día 19 de
enero de 2014, pág. 2.
[9]
Ídem. Edición del día 21 de enero de 2015, pág. 8.
