I El Conflicto en Saramurillo: Entre la democracia y la dictadura
Desde hace más de dos meses la Región Loreto convive con un conflicto en el cual los pueblos indígenas de Sarumillo reclaman al Gobierno del Presidente Kuczinski la descontaminación de sus aguas y tierras afectados por la explotación petrolera en esta zona de la Selva de Loreto. Este no es un problema nuevo, son más de 40 años que los pueblos de la selva vienen siendo objeto, por parte de las empresas petroleras, entre ellas Petroperú, de una clara y contante contaminación de sus territorios que ha puesto en riesgo no solo la vida y salud de su población, sino también la posibilidad de llevar una vida productiva en armonía con su medio ambiente y, de ese modo, preservar su cultura, parte de fundamental de nuestra identidad y pluralidad cultural.
Esto quiere decir que, dentro del problema ambiental producido por la explotación petrolera, lo que está en juego fundamentalmente son los derechos humanos de los pueblos indígenas, los mismos que se encuentran garantizados por la Constitución Política y específicamente por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, vigente desde el año 1995.
Bajo estas circunstancias, además, frente a un Gobierno, el de Kuczynski que ha prometido una revolución social respondiendo a la apuesta ciudadana contraria al retorno de un régimen dictatorial, lo que está en juego también es el futuro inmediato de la democracia, o se fortalece y sale de su debilitada situación luego de tres gobiernos supuestamente democráticos o, retornamos hacia el autoritarismo que, enmascarado de formas democráticas, no constituyen sino el nuevo modo en que se manifiestan hoy los regímenes dictatoriales.
II Entre la democracia, el autoritarismo y la dictadura.
En estos tiempos las dictaduras tienden a aparecer tras formas democráticas. El caso más reciente, por lo menos en Latinoamérica es el del Régimen Venezolano de Maduro que, elegido democráticamente al igual que en su momento Alberto Fujimori, sea porque quiere perennizarse en el poder o defender intereses ajenos a las mayorias, no dudan en abusar del poder político para neutralizar o evitar la demandas de la oposición, sea que esta asuma forma partidaria o que parta sencillamente de la población que se organiza frente a demandas insatisfechas o el maltrato de sus derechos.
En cualquier caso, lo que caracteriza fundamentalmente a los regímenes autoritarios o de dictadura es la falta de garantías para que se hagan efectivos, por parte del Estado, la protección integral de los derechos humanos, civiles y políticos, sociales y culturales, entre otros; no la protección de alguno u otro derecho sometidos al interés de quien gobierna. En sentido contrario, la democracia es aquel régimen político en el que prevalece la protección y garantías por igual que hagan efectivos el goce de los derechos humanos frente al poder político y al poder económico.
En esto el Tribunal Constitucional ha indicado en más de una ocasión que somos un régimen democrático, social y constitucional de Derecho, entendiendo por ello el énfasis en la protección de los derechos humanos no solo individuales, sino sociales y culturales, sino también la garantía de que los gobiernos privilegiarán la la aplicación de la Constitución frente hasta lo que hoy ha sido, erradamente e interesadamente, la primacía de la ley.
Ahora bien, bajo este contexto y enfrentado a un conflicto en que están de por medio los derechos humanos de los pueblos indígenas, amazónicos ¿qué camino seguirá el Gobierno de Kuczynski? Tiene solo dos alternativas:
- una, como los gobiernos anteriores privilegia el crecimiento económico versus la obligación constitucional de proteger los derechos de los pueblos indígenas previniendo impactos negativos sobre la biodiversidad amazónica, reiterando las prácticas autoritarias de gobiernos anteriores o,
- dos, conforme a sus ofrecimientos para llevar adelante una "revolución social" y el cese del trato discriminatorio a los pueblos indígenas, toma el difícil, pero promisorio camino de contribuir a la construcción de un régimen auténticamente democrático, social y constitucional que impida un nuevo "baguazo", manifestación clara del autoritarismo o de la dictadura disfrazada de democracia.
III ¿Hay una solución democrática al conflicto con los pueblos indígenas?
Por supuesto. A diferencia de los regímenes pasados que se han negado sistemáticamente a atender prioritariamente las necesidades vitales de estos pueblos y la afectación de sus derechos individuales, sociales, económicos y culturales, el Gobierno puede -en diálogo con los representantes de los pueblos indígenas afectados por la contaminación petrolera- disponer la instalación de campamentos que alberguen a profesionales y técnicos que prioricen los procesos de descontaminación de las aguas y territorios indígenas y que, a la vez, conforme al Convenio 169 y la Constitución vigente se desarrollen programas productivos para fortalecer y asegurar la economía familiar-comunal y, de otra parte establecer equipos que en cooperación con los dirigentes comunales atiendan principalmente los problemas de saneamiento y salud y los de educación, todo bajo una visión intercultural e integral de los derechos fundamentales.
Ciertamente, la descontaminación tiene un alto costo y probablemente superior o lo que puede obtener como renta la explotación petrolera, pero este es el pago que se debe tributar por la forma en que el Estado ha tolerado y no ha puesto en rigor durante todos estos años las medidas de prevención que eran necesarias y obligatorias para evitar los graves problemas de contaminación que hoy se tienen a la vista y que han llevado al desarrollo de este grave conflicto que protagonizan los pueblos indígenas. En una democracia, lo primero son los derechos humanos, lo contrario es remar a favor del autoritarismo y el retorno hacia formas de dictadura que la mayoría han rechazado con su voto en las elecciones generales que ungieron el nuevo gobierno este año.
La radicalidad del movimiento indígena
Sin duda, la radicalidad que ha asumido el movimiento indígena, evitando el pase de las embarcaciones por el río, único medio del que disponemos para trasladarnos por motivos de comercio, trabajo u otros o la exigencia para dialogar con el Presidente de la República o con el Presidente del Consejo de Ministros, no con otros funcionarios no es vista como la forma más adecuada para propiciar un diálogo que resuelva favorablemente esta situación, pero poniéndonos en el lugar de las familias de estos pueblos, que viven con aguas contaminadas arriesgando la salud de las actuales y futuras generaciones, perdiendo sus medios de subsistencia por la contaminación, desatendidos por años por todos los gobiernos, con experiencias negativas de los diálogos y acuerdos tenidos con funcionarios subalternos ¿qué otra cosa puede hacer el movimiento indígena para atraer la atención del Gobierno con la urgencia que ameritan sus problemas?
Indudablemente, en el movimiento indígena, frente a la desatención y discriminación histórica de que han sido o son objeto debe haber tal desesperación, desconfianza, frustración, rencores, odios, etc., acumulados de modo tal que no hay cabida para otro tipo de medidas que no sean aquellas cuyo radicalismo no debiera sorprendernos, sino más bien comprenderlas.
En este sentido, creo que la solidaridad de la sociedad civil Loretana, movilizada históricamente frente a los problemas generados por el centralismo, la discriminación y el aprovechamiento irracional de sus recursos naturales, debiera hoy, sin más dilaciones, solidarizarse con los derechos y problemas de estos pueblos , evitar que lleguen a otros extremos y facilitar un diálogo con el Gobierno Central y Regional de modo que, al final, se permita reconducir la explotación de nuestros recursos naturales de manera sostenible devolviendo la paz al territorio amazónico, haciendo justicia a las demandas de los pueblos nativos y, ojalá, asegurando un camino favorable al fortalecimiento de la democracia en todos sus niveles,
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