LORETO: ¿REGIONALISMO
VS CENTRALISMO?
“[…, hay necesidad de recuperar la
descentralización como un “derecho a decidir”, como el irrenunciable derecho de
los pueblos del Perú a diseñar, definir e invertir en sus propios
requerimientos económicos y sociales, sin necesidad de esperar la visita del
Presidente de la República o de algún Ministro de Estado, ni de sentirse
obligados a recurrir a la intermediación, decisión, opinión y voluntad emanada
del Gobierno central.”[1]
Antecedentes
de las contradicciones entre la Región Loreto y el Gobierno Central
Como observador de lo que ocurre en
el país y en particular de lo que afecta a la Región Loreto, no puedo dejar de
pronunciarme sobre la coyuntura por la cual, bajo un liderazgo compartido con
las federaciones de las comunidades nativas ubicadas en las cuencas de los ríos
Tigre, Marañón, Patazca y Corrientes y con algunas organizaciones de la
sociedad civil de Iquitos (Frente Patriótico de Loreto), el Gobierno Regional viene enfrentando una muy compleja y necesaria
batalla contra el exacerbado centralismo político de que hace gala el Gobierno
Central a propósito del fracasado proceso de licitación del lote petrolero 192.
En ese contexto, conviene precisarlo,
desde buen tiempo atrás los pueblos indígenas de las cuatro cuencas antes
mencionadas, demandaron que antes que ocurra una nueva licitación, al terminar
el contrato con la empresa Pluspetrol, debiera llevarse a cabo un proceso de
consulta previa a fin de llegar a acuerdos que, en lo fundamental, permitieran resolver
los graves problemas de contaminación que la aludida empresa se ha negado a
remediar en los últimos 14 años y, a su vez, llevar a cabo planes que hagan
viable su desarrollo[2].
Pues bien, el Gobierno Regional,
desde que se inició la gestión del Sr. Fernando Meléndez, en enero de este año,
demandó que se atendieran los reclamos de las comunidades nativas, los mismos
que se encuentran amparados por la Constitución y el Convenio 169 vigente desde
el año 1995. El Gobierno Central, presidido por el Comandante Ollanta Humala,
no solo empezó tardíamente el proceso de consulta el mismo que se ejecutaba
paralelamente a la licitación pública del Lote 192 - ya no era una consulta previa como manda la
normatividad vigente-, sino que además, unilateralmente cerró el diálogo para
hacer un trato directo e inmediato con
una de las empresas transnacionales que había participado de la licitación.
En ese sentido, el Gobierno Central desconoció
los derechos de los pueblos indígenas de la amazonía afectados por las actividades
petroleras de Pluspetrol en el Lote 192 y se mostró incompetente o débil para
hacer cumplir los compromisos ambientales de la empresa pero, además, tomó
decisiones sobre los problemas de
desarrollo de la Región sin considerar las competencias que en este aspecto
tienen las autoridades regionales, representantes legítimos de los ciudadanos de Loreto.
El
centralismo político redefinido y la crisis regional en Loreto
Esta conducta del Gobierno Central ha
puesto de manifiesto la supervivencia y fortaleza del viejo centralismo
político que sin tener en cuenta los derechos humanos de la población especialmente
indígena, el valor de la pluriculturalidad y la biodiversidad amazónica,
somete, a su vez, a sus particulares designios el poder político de la región.
Pero este problema, agudizado por el corte
intempestivo del proceso de consulta antes de aprobarse un nuevo contrato para
la explotación petrolera en el Lote 192 se ha dado en un contexto en el que el
Gobierno Central, habiendo convertido el canon petrolero en la principal fuente
de ingreso del presupuesto regional, hoy con la caída de los precios del
petróleo, ha sufrido tal merma que la posibilidad de remontar los graves
problemas de desarrollo que aún afectan a la Región se han tornado sumamente críticas,
más aún, si se considera que la formulación, aprobación y control de la
ejecución presupuestal de los Gobiernos Regionales está sujeta a las decisiones
que, arbitrariamente, se toman desde el Gobierno Central[3].
Frente a esta situación el Gobierno
Regional, contrariando la política económica del Gobierno Central en materia de
la explotación de los recursos naturales de la selva loretana, ha demandado que
en lugar de que las utilidades de la explotación del petróleo se los lleve una
empresa transnacional, estas más bien, via la explotación de los recursos del
Lote 192 por Petro-Perú, se queden en el Perú y en la Región. De este modo se
lograría – supuestamente - un mayor ingreso para la Región participando, no
solo del canon, sino también de las utilidades de la explotación petrolera.
Esto ha producido un mayor
enfrentamiento con el gobierno central que con su política neoliberal y
centralista en materia de explotación de los recursos naturales, pretende
impedir que el petróleo, la mayor fuente de riqueza de Loreto, sea, a su vez,
la palanca financiera que contribuya a resolver las necesidades vitales de la
población, promueva una mayor educación que incentive el desarrollo tecnológico
y cultural y que goce, democráticamente, de la libertad de definir e impulsar,
con la sabiduría de los pueblos indígenas, el desarrollo sostenible de la
amazonía.
Es difícil saber cuál será el final
de esta confrontación entre el Gobierno central y el gobierno regional de
Loreto. Probablemente y por razones de la forma en que esto puede afectar
“mercado electoral” con vista a las próximas elecciones, el Congreso rectifique
su posición última y de “luz verde” al proyecto de Ley que habilita a la
empresa petrolera del Estado para que se haga cargo del Lote 192 y se abra una
vía que, mediante las vías democráticas resuelva tanto el problema de las
comunidades nativas que se encuentran afectadas por la actividad petrolera como
los problemas de financiamiento que tiene Loreto para desarrollar sus
potencialidades más allá de la explotación del petróleo.
Por lo expuesto, entendiendo que la
defensa y protección de los derechos humanos, en este caso de los pueblos
indígenas y de que el centralismo es un obstáculo al desarrollo democrático de
los pueblos, expreso mi solidaridad con este movimiento y hago votos porque
esta coyuntura marque el comienzo de un movimiento que, desde las regiones, con
una sólida alianza de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil,
se pueda avanzar en un modelo que renueve las posiciones federalistas que
distribuyendo el poder político a las Regiones, como ya ocurre en otros países,
lejos de romper el carácter unitario del Estado, más bien robustece la
democracia y nos pone más cerca del sueño de Jorge Basadre, José María Arguedas
y José Carlos Mariátegui para hacer del Perú una nación plural unida en la diversidad.
NOTA DE ÚLTIMA HORA: Publicado este
artículo se conoció la noticia de que el Congreso había aprobado una ley que autorizaba
a Petro-Perú para que se haga cargo del Lote Petrolero 192. De inmediato la
Ministra de Energía y Minas ha anunciado que esta Ley es inconstitucional y que
no puede ser promulgada pues atenta contra el
Contrato ya suscrito con la empresa Pacific Exploration & Production
Corporation.
Paralelamente se conoce de
enfrentamientos en la zona donde se han posicionado los pueblos indígenas,
mientras la policía se muestra impotente para contener la creciente inseguridad
ciudadana y, al parecer, la suscripción de un contrato no previsto y
cuestionable social, jurídica y políticamente, hace recordar –por supuesto en
otro contexto- el final que tuvo el primer gobierno de Belaúnde con el caso de la
página 11 y los tratos con la Internacional Petroleum Company.
Creo que asistimos a la
descomposición del régimen, el gobierno ha perdido el control de la
representación parlamentaria, el Congreso o los congresistas defienden sus
apetitos electorales por encima de cualquier otra cuestión, los medios
represivos del Estado se encuentran impotentes frente al aumento de la
delincuencia y su agresividad y, para colmo de males, la pareja presidencial
está más preocupada por liberarse de las sospechas de haber manejado dinero
ílicito, antes que poner en orden a su bancada y sus Ministros.
No sabemos que pueda venir luego,
pero definitivamente, la sociedad civil y sus organizaciones deberán trabajar
muy duro para evitar un desenlace que nos conduzca hacia posiciones extremas
que terminen por liquidar los pocos espacios democráticos que aún nos quedan.
.
[1]
Véase: PLANAS, Pedro.2001. Manual del Buen Descentralista. Lima. Edit. Nuevo
Norte. Pág. 55,
[2]
Véase al respecto, en este mismo blog, el artículo “Los
derechos fundamentales de las comunidades nativas, los intereses de Pluspetrol
y “el diálogo de mala fe” publicado el 23 de febrero de 2015.
[3] A modo de ilustración valga indicar que
conforme a los “lineamientos del Gobierno Central” para el presupuesto de las
regiones, este viene haciendo una gran movilización de recursos y de capital
para atender los riesgos del fenómeno de “El Niño” en los departamentos de
Tumbes, Piura y Lambayeque principalmente, pero no ha desarrollado
esa misma disposición para atender las heladas de la sierra sur del país que se
repiten cada año afectando a las familias más pobres de esa zona y, en el caso de la Selva Loretana, frente al
cambio climático en proceso y los efectos negativos que se producen por las modificaciones en la duración de la vaciante y creciente de los ríos,
no se ha fijado una sola partida o un programa que permita perfilar los proyectos que se requieren para contrarrestar los efectos del fenómeno climático sobre la flora y fauna de la selva y asimismo
sobre los sistemas de vida de la población más pobre de la región..
