Naturaleza y Estado del
Conflicto
Cualquier
análisis que se haga del conflicto que hoy y desde hace más de tres años se
produce entre las Comunidades Nativas, la explotación petrolera de Pluspetrol
en el Lote 1AB y la política que desarrolla el actual gobierno en el subsector
de hidrocarburos podrá concluir fácilmente que este es un caso en el cual se dan dos contradicciones fundamentales:
a) una, entre los intereses utilitarios de la
empresa transnacional Pluspetrol y los derechos fundamentales de comunidades
nativas cuyos territorios y sistema de vida se han puesto en riesgo a raíz de
una explotación petrolera que no cumple con los estándares mínimos de manejo socio-ambiental
y;
b) otra, la política de este gobierno y los
anteriores que en lugar de proteger, entre otros, los derechos a la vida y a la salud de los pueblos amazónicos frente a los problemas
ambientales que ha generado la actividad petrolera en esta zona, prefieren
amparar y someterse al poder económico contrariando sus obligaciones constitucionales
en una materia que es fundamental para el Estado de Derecho: la protección y
debida garantía de los derechos humanos que, para el caso de las comunidades
nativas, se encuentran normados constitucionalmente y codificados en el
Convenio 169 cuya vigencia data del año 1995.
Al
respecto cabe indicar que los reclamos de los pueblos amazónicos sobre el modo
en que la explotación petrolera viene afectando sus territorios, su cultura y
sus medios de vida poniendo en riesgo su sobrevivencia y la especial diversidad
biológica de la Amazonía están demostrados y pueden ser resueltos conforme a la
actual Constitución, el Convenio 169 y la legislación vigente en materia
ambiental.
Informe y
Recomendaciones Congresales sobre el Conflicto
A
propósito de ello, el “Grupo de Trabajo”
que el año 2012 se formó en la “Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos,
Afroperuanos, Ambiente y Ecología” del Congreso de la República a fin de que
estudien la “Situación Indígena de las Cuencas de los Ríos Tigre, Pastaza,
Corrientes y Marañón” no solo comprobó la gravedad de los impactos ambientales
y sociales que ponían en riesgo la biodiversidad de las cuencas ya citadas y la
sobrevivencia de las comunidades nativas, sino también la justicia de los
reclamos que hasta hoy hacen estos pueblos.
Por ello y conforme a la normatividad y las
facultades con que cuenta el Poder Ejecutivo, el mencionado Grupo Parlamentario,
conformado de modo multipartidario[1],
recomendó al Gobierno, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“- La aplicación del cese de las operaciones o la
extinción de la autorización de operación de ducto en los casos de
incumplimiento reiterado del Programa de Adecuación y de Implementación del
Sistema de Integridad de Ductos (de acuerdo al DS 081-2007-MEM) en los lotes
1AB y 8 concesionados a Pluspetrol Norte S.A. […]
- [Revisar] el nivel máximo para hidrocarburos
totales de petróleo (TPH) para remediación de suelos del lote 1AB al ser 30
veces superior al estándar aplicado en el lote 8 y constituir un serio riesgo
contra los ecosistemas de la Amazonía y la salud de los pueblos indígenas.
- La
aplicación del cese de operaciones en los casos de incumplimiento reiterado de
los Planes Ambientales Complementarios (PAC) de los lotes 1AB y 8 por parte de
Pluspetrol Norte S.A, particularmente en el caso del primero, que tenía plazo
hasta el 9 de mayo del 2012 para absolver las observaciones pendientes al Plan
de Cese de su PAC.
- Realizar una Evaluación Ambiental y Social
Estratégica a fin de evaluar el impacto acumulativo y sinérgico de las
operaciones de hidrocarburos en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y
Marañón
- […] que el Ejecutivo pueda crear y ejecutar
un Programa Nacional para Reconocer y Titular las tierras de las comunidades
indígenas fronterizas, así como otro Programa Nacional de Agua y Desagüe para
ellos.”[2]
Cabe
destacar que estas recomendaciones al Poder Ejecutivo se realizan luego de un
examen exhaustivo de los reclamos de las comunidades nativas, su historia y el
papel cumplido por los órganos del Gobierno Central, el Gobierno Regional,
Petroperú y Pluspetrol, entre otras entidades. En ese examen se reconocen tres
cuestiones fundamentales:
a) el
justo reclamo de las comunidades por titulación, remediación ambiental, indemnización
y compensación, todo asociado a los daños ambientales y el riesgo en que se ha
puesto su subsistencia como parte del pluralismo cultural en la región,
b) el
hecho que el Gobierno Central, el Gobierno Regional, junto con Petroperú,
PlusPetrol y otras entidades comprometidos en la problemática socio-ambiental
de las comunidades en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y
Marañón, firmaron entre los años 2006 y 2012 una serie de acuerdos que
incluyeron, por parte del poder ejecutivo, la formación de una Comisión
Multisectorial para la formulación y aplicación de un Plan de Desarrollo
Integral para las mencionadas poblaciones.
c) Todos
esos acuerdos, con excepción de la constitución de una Comisión Multisectorial
que se formó en el año 2012, durante el actual gobierno, para mejorar las
condiciones de desarrollo de las comunidades en las cuatro cuencas (Tigre,
Marañón, Pastaza y Corrientes), no han sido debidamente cumplidos.
d)
Asociado
a lo anterior, cabe destacar que las acciones de remediación que lleva a cabo
Pluspetrol, al efectuarse sobre límites de permisibilidad que están muy por
debajo de lo recomendable, no permiten que estos procesos contribuyan a la
recuperación del medio ambiente y al aprovechamiento saludable y productivo de
esos recursos por parte de la comunidades nativas.
Ahora
bien, el Congreso ha cumplido dentro del principio del imperio de la ley y,
desde luego, de los derechos fundamentales, tal y como corresponde a un Estado
Constitucional de Derecho[3], con advertir de la
gravedad de la situación y la necesidad de proteger en forma efectiva los
derechos de las comunidades haciendo valer estos frente al desconocimiento que
de los mismos se ha venido haciendo desde el Estado y la empresa privada
Pluspetrol[4].
La posición del Poder
Ejecutivo: del diálogo de “mala fe” a un nuevo ¿Baguazo”
Lamentablemente,
el Poder Ejecutivo, siguiendo la lógica de anteriores gobiernos, esto es, estableciendo diálogos engañosos, de mala fe[5], no cumple con los
acuerdos que suscribe, pero más grave aún, se muestra especialmente “débil” para
garantizar; conforme a la Constitución , el Convenio 169 y la legislación
vigente en materia ambiental, los derechos y reclamos que vienen haciendo las
comunidades nativas permitiendo que, impunemente, Pluspetrol contamine
gravemente cuatro cuencas de la Amazonía y afecte los derechos a la propiedad,
a la vida, a la pluralidad cultural y, en ese mismo marco, el derecho de las
comunidades Quechua, Achuar , Cocama y Urarina
de la Región Loreto “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida”[6].
La Radicalización del movimiento indígena y los acuerdos con el Gobierno Regional
Ante
el reiterado engaño y la dilación con la que el actual gobierno niega una
solución concreta a los problemas planteados por las Comunidades Nativas, estas
han resuelto concluir sus conversaciones con la última Comisión de Diálogo que
envió la PCM y asimismo ha dado un plazo que debe vencer el próximo 1° de marzo
para dialogar con la Primera Ministra,
Sra. Ana Jara, y llegar a acuerdos concretos sobre los problemas que se
reiteran alrededor de la explotación petrolera de Pluspetrol en sus
territorios.
De
no ocurrir esto, los pueblos nativos de las cuatro cuencas volverán a tomar sus
medidas de fuerza y convocarán a las otras organizaciones indígenas de la
Amazonía hasta lograr que el Poder Ejecutivo dicte las medidas que permitan,
entre otras cuestiones, el reconocimiento pleno de sus derechos y, entre ellos,
el de consulta previa antes que en el mes de agosto se realice una nueva licitación
de los lotes petroleros que se encuentran en poder de Pluspetrol.
Este
escenario, sin duda, refuerza el temor de que las comunidades nativas de Loreto
sean protagonistas o víctimas de un nuevo y trágico “Baguazo”. No obstante,
como lo sostuviera en un artículo anterior, la actuación del nuevo Presidente
Regional, Sr. Fernando Meléndez, quien ha expresado públicamente su solidaridad
con las comunidades nativas, podría impedir, con el apoyo de las organizaciones
de la sociedad civil, que se dé un acontecimiento de esta naturaleza.
En
efecto, conforme a sus competencias, el Presidente de la Región ha llegado a
una serie de acuerdos con las comunidades nativas de Alto Tigre en los que, por
un lado se compromete a atender problemas puntuales a nivel Regional y, por
otro lado ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo el “estudio de
valorización económica total sobre los derechos que tienen por compensación por
uso de tierras, explotación de canteras e indemnización de impactos o
contaminación de sus territorios”[7], cuestión que, ojalá, influya
en el Poder Ejecutivo para encaminar adecuadamente los otros reclamos.
Dentro
de este panorama en el que el diálogo de “mala fe” desarrollado por el Gobierno
y la resistencia de Pluspetrol a reconocer sus deudas en materia socio-ambiental
está conduciendo a la radicalización del movimiento que protagonizan las
comunidades nativas ubicadas en las cuencas impactadas por la empresa petrolera
en el Lote 1AB, lo único que cabe es, para evitar un nuevo “baguazo” que el
Gobierno Central: a) tome medidas que permitan recuperar la confianza de las
comunidades en el Estado y b) que proponga acuerdos para implementar en el
corto plazo, antes del proceso de consulta que de modo obligatorio debe
realizar para la nueva licitación de la explotación petrolera en el Lote 1AB.
Sobre
las medidas para recuperar la confianza se sugiere lo siguiente:
·
Siguiendo
las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Comisión de Comisión Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología sobre la “Situación Indígena de las Cuencas de
los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón- Julio2012”, disponer la SUSPENSIÓN O CESE DE
OPERACIONES DE PLUSPETROL hasta que
cumpla con los procesos de remediación ambiental en las zonas e instalaciones
ya precisadas por el referido Grupo de Trabajo y la OEFA.
·
En
atención a que los procesos de indemnización y compensación deben hacerse sobre
los territorios ocupados por las comunidades nativas, conforme al Convenio 169
y a las facultades que el Gobierno Regional y el Ministerio de Agricultura
tienen respecto de la titulación de tierras,
el Gobierno Central en coordinación con el de nivel regional, debieran DISPONER
EL INICIO O REINICIO INMEDIATO DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN DE TIERRAS de las
tierras pertenecientes a las comunidades nativas de las cuencas comprometidas
en el conflicto.
De
este modo, se mostraría el interés del Gobierno por garantizar y hacer
efectiva la
protección de los derechos humanos de las Comunidades Nativas y con toda razón
podría ser la base para que mediante el diálogo de buena fe, esta vez sí,
llegar a acuerdos concretos en plazos que consideren la urgencia de los
problemas y la necesidad de resolverlos para trabajar, con la cooperación
de las comunidades, en el Plan de Desarrollo Integral para los pueblos de las
cuencas del Tigre, Marañón, Corrientes y Pastaza, ofrecimiento del Gobierno que
debe canalizarse por la Comisión Intersectorial constituida con este fin.
Esto
podría ser precisado en acuerdos que, con las federaciones de las comunidades
nativas de las cuatro cuencas, indiquen más o menos lo siguiente:
· El
apoyo y reconocimiento, por parte del Gobierno Central, al Estudio de Valorización Económica que, por una
entidad independiente, será realizado con cargo al Presupuesto de la Región –
según acuerdo con Presidente Regional- a fin de llevar a cabo los procesos de
compensación e indemnización a que hubiera lugar por el uso del territorio
comunal y los daños causados al medio ambiente y al bienestar de la población.
Este apoyo debe ir acompañado por un estudio toxicológico que, igualmente, por entidad independiente,
determine los impactos que la actividad petrolera ha ocasionado sobre la
población, tal y como lo propone el Grupo de Trabajo de la Comisión ya indicada
del Congreso de la República.
· El
Inicio, con participación de las Comunidades Nativas, del estudio para el
desarrollo integral de los pueblos ubicados en las Cuencas comprometidas por la
explotación petrolera.
· La
formulación, en forma inmediata y con la cooperación de las dirigencias comunales
y sus federaciones, del Plan de Consulta Previa respecto de la nueva
licitación del Lote 1AB el mismo que actualmente y hasta agosto del año en
curso explota la empresa PLuspetrol.
Anotaciones Finales.
Al
concluir este nuevo artículo sobre el conflicto entre las comunidades
nativas y la explotación petrolera del
Lote 1AB, tomé conocimiento de que
la nueva Ministra de Energía y Minas, invocaba nuevamente el diálogo para
llegar a acuerdos, manifestando que ya se había avanzado en un 95%.
Al parecer, la Ministra no conoce el avance
del conflicto en estos últimos tres años o más que tiene de duración; la
inacción de la Comisión Multsectorial que constituyó el Gobierno el año 2012,
la forma reiterada en que los acuerdos tomados no se cumplieron manteniéndose y
agudizándose así un conflicto que ya debió resolverse tomando la decisión de
garantizar y hacer efectiva la protección de los derechos humanos de las
comunidades prescritos en la Constitución, claramente codificados en el
Convenio 169 y desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y
la Corte de Costa Rica.
Este
anuncio y petición de la Ministra, bajo el contexto ya descrito, solo tiende a
mostrar que persiste la estrategia del Gobierno de usar el diálogo de “mala fe”
para dilatar una solución del problema, ignorando el imperio de la ley
fundamental y la preeminencia de los derechos humanos sobre los intereses o el
poder económico. Esto quiere decir, lamentablemente, que el conflicto va seguir
un curso ascendente cargando de violencia un escenario no deseable.
Esto
se confirma si se considera que junto con la noticia de la invocación al
“diálogo” de la Ministra de Energía y Minas, hoy se conoce que los miembros de las Comunidades Nativas han tomado el Aeropuerto de
Andoas e igualmente habrían tomado campamentos y pozos bloqueando, a la vez, el
río Corrientes, todo con el objeto de demandar “una salida viable y real a las
demandas de los pueblos originarios de Loreto”[8].
No
obstante que estas noticias refuerzan la percepción de un escenario cada vez más cercano hacia un nuevo y trágico “Baguazo”, aún abrigo la esperanza de que
el Gobierno de Ollanta Humala, llegando a su término, al evaluar sus avances y
sus compromisos en la “hoja de ruta”, recuerde que parte de la "gran
transformación" que ofreció hacer en “en
el marco del Estado de Derecho” comprendía el respeto y sometimiento a la
Constitución vigente y la garantía de que se haga efectiva la protección de
los derechos humanos que, en el caso de las poblaciones comprendidas en las Comunidades
Nativas y campesinas, están amparados por el Art.
2 de la Constitución y en el Convenio 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales.
[1]
El grupo de trabajo estuvo conformado por los Congresistas Leonardo Agustín
Inga Vásquez de Acción Popular, María
Soledad Pérez Tello del partido Popular Cristiano, Eduardo Nayap Kinin de Gana
Perú y Verónika Mendoza Frish (Invitada) del Partido Nacionalista.
[2]
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- Grupo de Trabajo sobre la Situación Indígena de las
Cuencas de los Ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón perteneciente a la
Comisión Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Julio
2012. Informe sobre la Situación
Indígena de las Cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón. Lima.
[3]El
Estado de Derecho o lo que hoy se denomina Estado Constitucional de Derecho
implica el imperio de la ley fundamental, la Constitución, y en tanto esta
última está dirigida a hacer posible la convivencia humana dentro de valores
como el de la libertad, la igualdad y la justicia, “los derechos fundamentales
[…] constituyen la razón de ser del Estado de Derecho, su finalidad más
radical, el objetivo y criterio que da sentido a los mecanismos jurídicos y
políticos que componen aquél.” DIAZ, Elías.2009. “Estado de Derecho y
Legitimidad Democrática”. En: CARBONELL, Miguel y Rodolfo VÁSQUEZ
(Compiladores). El Estado de Derecho: Dilemas para América Latina. Lima.
Palestra Editores. Págs. 73-118.
[4]
Al terminar este artículo encontré, revisando Internet, que la Presidenta de la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Sra. María Soledad Pérez Tello de
Rodriguez, había elaborado un informe, desde la perspectiva de los derechos
humanos, sobre la evolución del conflicto que se desarrolla en Loreto a raíz de
la explotación petrolera que realiza Pluspetrol en el Lote 1AB. Aunque no lo he
revisado en forma detenida considero necesario tomarlo como un documento que
confirma la forma en que se vienen vulnerando los derechos fundamentales de las
comunidades nativas. COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA. 2013. Informe: Vulneración de
los Derechos Fundamentales de los Pueblos Amazónicos asentados en las Cuencas
de los Ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Lima. Consulta: 23/02/15.
<
http://www.marisolpereztello.pe/wp-content/uploads/2013/08/cuencas-informe-ddhh-Final.pdf>
[5]
En un artículo que se analiza el concepto de “buena fe”, a su vez, se describe
lo que sería o es su contrario, la “mala fe”.
HUNTER A., Iván. 2008. “No hay buena fe sin interés: la buena fe
procesal y los deberes de veracidad, completitud y colaboración”. Revista de
Derecho. Valdivia. 2008. Vol.XXI, N° 2. Págs. 151-182. Consulta: 20/02/15. <
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173714178007>
[6]
LUNA A., Nelly. 2015. “Las Heridas de PLuspetrol en la Amazonía peruana”. La
República. Lima. 15 de febrero. Págs. 16.17.
[7]
LÓPEZ, D. 2015. “Presidente Regional y FECONAT firmaron Acta de Compromiso”. La
Región. Iquitos, 16 de febrero. Pág.4
[8]
GL/DL: 2015. Comunidades Indígenas realizan acciones de protesta desde el
viernes. Toman Aeropuerto de Andoas. La Región. Iquitos. 23 de febrero. Pág. 2.
