Los efectos
monstruosos del derecho a la consulta previa
El pasado 4 de abril Ricardo
Valcárcel, “analista económico”, publicó en el diario “Gestión” un artículo en
el cual, bajo el título de “La Consulta Previa, la Hidra de Lerna”, sostuvo la
necesidad de “matar” a este “monstruo mortífero de varias cabezas” que es la ley
de Consulta Previa[i], expresando
de esta manera el propósito de eliminar el derecho que tienen las comunidades
andinas y nativas a ser consultadas frente a cualquier proyecto de inversión
que pudiera afectar sus territorios y su identidad cultural.
Esta idea, que sintetiza un tipo de opinión que se encuentra especialmente
en el sector minero –energético, trae nuevamente a luz una de las cuestiones
que históricamente ha caracterizado a la derecha conservadora de nuestro país tipificada
hoy como la derecha bruta y achorada (DBA)[ii].
Me refiero especialmente al desconocimiento y la lucha constante de este grupo
de interés por evitar cualquier cambio que en favor de las comunidades
campesinas y nativas del país ponga en riesgo sus posiciones de privilegio.
El movimiento
indígena hoy y el reconocimiento de sus derechos
El problema es que hoy, los pueblos indígenas categoría en la
que se encuentran las comunidades campesinas y nativas principalmente[iii]
no constituyen un movimiento desarticulado y sin claridad respecto de sus
derechos frente al avance de la globalización y la cultura que acompaña la
libertad de mercado. Al contrario es un movimiento que se articula a nivel
nacional e internacional en defensa de su cultura habiendo logrado el
reconocimiento de dos derechos fundamentales; el de “mantener y fortalecer sus
culturas” y el de “participar en forma efectiva en las decisiones que les
afecten”[iv].
La resistencia a los
derechos de los pueblos indígenas
Bajo estas circunstancias, la práctica según la cual la gran
inversión en el sector minero-energético venía o viene prescindiendo de la
aplicación del derecho a la consulta previa con la cooperación del Estado, los
pueblos indígenas no puede tener otra respuesta que el reclamo, a veces
violento, en defensa de los derechos que les garantiza la Constitución y en
especial la doctrina y jurisprudencia relacionada con los derechos humanos, el
Estado de Derecho y la democracia.
Democráticamente lo único que cabe frente a esta situación es
que el Estado cumpla con proteger los derechos humanos y en especial los
derechos de las comunidades campesinas y nativas aplicando irrestrictamente lo
que prescribe el Convenio 169, sin embargo, para la derecha peruana y su ala
más conservadora, aunque no use el lenguaje agresivo a partir del cual pretende
ignorar la realidad social del país (DBA), en el afán de evitar que se ponga en
riesgo sus privilegios, no tiene mejor idea que la de desacreditar los reclamos
de los pueblos indígenas y tratar de eliminar, entre otros, su especial derecho
a la consulta previa.
Esto se sintetiza en el artículo del citado “analista
económico” que plantea lo siguiente: a) los procesos de consulta previa conforme
a la ley vigente “en muchos casos será causante de hechos violentos y de la
postergación o supresión de inversiones importantes”, b) el gobierno, por
“falta de coraje” no garantiza el “orden” y la “firmeza” necesarias “para
defender los intereses nacionales antes que los de grupos minoritarios”, c)
ante esto lo más adecuado es que, cual “Hércules”, el Gobierno “con astucia,
valor y un trabajo en equipo” liquide, no reforme o mejore la ley, sino que la
“maten”, única forma en que el “monstruo” que aleja o convierte en un sector
“vulnerable” a los empresarios del sector minero energético deje de producir
sus nocivos efectos.
¿Derecha bruta y
achorada?
Finalmente, aunque, el “análisis” que hace el articulista del
diario “Gestión” no podría ser asimilado del todo a las características de la
forma en que se expresa la DBA, si se podría afirmar que es parte del
pensamiento de esa derecha conservadora que postergó por mucho tiempo las
reivindicaciones de los pueblos indígenas y que hoy, frente al reconocimiento
internacional de sus derechos, trata que un sector ilustrado del periodismo, no
necesariamente mafioso, busque con el argumento del “interés nacional” echarse
abajo derechos fundamentales que sostienen nuestra aún endeble democracia y su
pluralidad cultural. Y en esto sí que
se parece mucho o es un socio estratégico de la DBA.
[i]
Cfr.: Valcarcel, Ricardo. “La Consulta Previa, la Hidra de Lerna”. Sección
OPINIÓN. Diario Gestión, edición del 4 de abril de 2013. Pág. 20
[ii]
Un breve análisis del origen y significado de la “Derecha Bruta y Achorada
(DBA) puede encontrarse en La Mula. Allí se dice lo siguiente: “La Derecha
Bruta y Achorada (DBA). Bautizada así hace poco más de un año por el director
de Diario 16, Juan Carlos Tafur, en su columna post debate entre las entonces
candidatas al sillón municipal, Susana Villarán y Lourdes Flores (léase La
derecha bruta y achorada no aprende), y definida recientemente por el
periodista Augusto Álvarez Rodrich como “una coalición en la que participan,
entre otros, periodistas corruptos, empresarios mafiosos y políticos pendejos, a
los que no les fue bien en las últimas elecciones” en su columna del diario La
República.
http://lamula.pe/2011/12/30/la-derecha-bruta-y-achorada-dba/erre
[iii]
La Defensoría del Pueblo considera que, aparte de las comunidades campesinas y
nativas, las rondas campesinas, por sus semejanzas con las organizaciones antes
indicadas también son sujeto de la aplicación del Convenio 169. Cfr.:
DEFENSORIA DEL PUEBLO. “El Reconocimiento Estatal de las Rondas Campesinas”.
Normas y Jurisprudencia 2ª Edición. Lima, setiembre 2006.
[iv]
Cfr.: OIT. Convenio Núm. 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales-Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. OIT. Oficina
Regional Para América Latina y el Caribe. Lima 2009.
